Personas que son secuestradas por bandas estatales, para-estatales o que tienen alguna clase de acuerdo con algún sector estatal (desde la política hasta las fuerzas de seguridad) y cuyos cuerpos jamás aparecen. El término empezó a usarse a fines de los años 70, durante la última dictadura militar (cívico-religiosa-militar, para ser más exactos) que hubo en la Argentina en el siglo XX. Y la tragedia se hizo visible cuando los familiares de las víctimas (especialmente, las madres) empezaron a reclamar la “aparición con vida” de sus hijos. Un reclamo que, en realidad, tenía como trasfondo la exigencia de la aparición de los cuerpos, teniendo en cuenta que toda persona tiene derecho a enterrar a sus muertos, en el caso de un desenlace fatal. El reclamo de las madres de las víctimas cobró tal relevancia internacional, que el término empezó a usarse así, en castellano, aún en países de habla no hispana. Con la restauración democrática siguieron existiendo desapariciones, aunque no tanto como en los años de la dictadura. Pero es de destacar que muchos de los familiares de aquellos desaparecidos, agrupados ya en organismos de derechos humanos, no pusieron el mismo énfasis en reclamar justicia por estas desapariciones, como sí lo habían hecho por aquellas.
