Precio de un servicio público (luz, gas, agua) que abona una persona y que es menor al estipulado para la mayoría de los consumidores. Estas excepciones tienen en general como destinatarios a las personas de más bajos recursos. Aunque muchas veces, el término no resulta más que un eufemismo, pues las condiciones que se ponen para estar incluido en la tarifa social resultan tan imposibles de cumplir que, sumado a un trámite engorroso, hace que casi nadie termine siendo beneficiado por la medida. Lo paradójico es que existen grandes empresarios (las mineras, por ejemplo) que sí resultan beneficiarias de medidas similares, de excepciones de pago enormes, y que no tienen que hacer ningún trámite ni cumplir con ningún requisito para quedar al margen de los aumentos en las tarifas de los servicios. Pero es bueno destacar que en esos casos no se trata de “tarifa social”, sino de “aliento a las inversiones”.
