Dinero que utiliza el Estado para su funcionamiento. Quienes utilizan esta expresión lo hacen porque consideran como “gasto” aquello que supuestamente el Estado debería garantizar para toda la población: salud, educación, seguridad, justicia. Es por ello que esta expresión se usa de forma despectiva y casi siempre viene precedida por el infinitivo “bajar”, pues la demanda es “bajar el gasto público”. Se supone que esta forma de referirse al dinero que cuesta mantener el Estado resulta menos violenta y algo más diplomática a la hora de echar empleados estatales, bajarle el sueldo a los docentes o recortar recursos para la salud o la justicia. En ese sentido se parece al uso de los diminutivos que vuelven más amables y menos tóxicos algunos términos gastronómicos: por ejemplo, comerse “una mollejita”, “un choricito” o “un riñoncito” parece ser más saludable y con menos contenido de colesterol que comerse “una molleja”, “un chorizo” o “un riñón”. Del mismo modo, se supone que “bajar el gasto público” es más humano y políticamente responsable que “echar gente, bajar jubilaciones o suspender subsidios”. Justo es aclarar que quienes utilizan el término “gasto público” o la expresión “bajar el gasto público” encuentran la excusa perfecta para machacar con su discurso en el pésimo funcionamiento del Estado, a cargo de una dirigencia política que, en su versión más estatista y hasta populista, nunca logra satisfacer las demandas de la población. Una dirigencia que, en cambio, sí es efectiva a la hora de sobrecargar la planta de determinadas dependencias sin más compromiso que el de cumplir con favores políticos.
