Las campañas electorales (ver campaña) tienen estipulados un tiempo y un costo. Cada partido recibe fondos públicos y espacio en medios de comunicación de acuerdo a su cantidad de votos que sacó. Los fondos y el espacio son muy acotados. Y en los hechos, representan entre un diez y un veinte por ciento de lo que en realidad se termina gastando. Sobre todo en los partidos más grandes. Esta enorme cantidad de dinero es ilegal. Nadie se lo cuestiona, aunque está a la vista de todo el mundo. Algunos trámites están bien aceitados. Por ejemplo, el de los aportantes privados. Ellos sí pueden aportar. Pero no siempre quieren poner la cara. Es tal la cantidad de dinero injustificada que siempre termina fallando algo. O se cae en la desidia que provoca la aparente impunidad. Y se presentan aportantes inverosímiles, sacados de listados de algún registro público y no de un listado de amigos y allegados que podría justificar aportes a la campaña. El abismo que existe entre lo que se debería gastar en una campaña por ley, y lo que en realidad se termina gastando hace que los aportes de campaña sean una de las zonas más oscuras de la corrupción vinculada al poder político y al financiaminto de los partidos. Un terreno sobre el que no faltan las zonas oscuras. Si a eso se le suma la impunidad con que se cree que se cuenta, suele haber muchos cabos sueltos.
